Siguen surgiendo casos de violencia y acoso contra mujeres en Oaxaca, donde no existe prácticamente una agenda destinada a su protección. En el discurso y los planes gubernamentales sí; pero en los hechos, no.
Resulta que la exempleada de esta dependencia, Adriana Hernández Vásquez denunció ser víctima de violencia sexual y psicológica y otros tipos de violencia cometidos, presuntamente, por el funcionario público Francisco Regino Montes, hermano del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, a quien se le tiene como un buen operador del presidente AMLO en materia indigenista. En Oaxaca Adelfo goza de amplio respeto como activista a favor de sus paisanos y de su raza.
Sin embargo, el escándalo en el que está involucrado su familiar, hasta que el tema escaló a niveles judiciales, lo pone en precaria condición política. Existe además el riesgo de que quienes han creído en él y en su trayectoria se sientan defraudados. La omisión de proteger a la denunciante ante las acusaciones contra su hermano, quien abusó de su posición jerárquica en el Instituto, equivaldría a la pérdida de confianza de un colaborador cercano al presidente de la República.
Por este caso, defensoras de mujeres, abogadas y activistas exigen que “se realice una investigación exhaustiva, transparente, con enfoque de género, y se sancionen las conductas violentas, y a quienes hayan incurrido en actos de complicidad para deslindar responsabilidades por las acciones cometidas por esta persona”.
Demandan “garantizar acceso a la justicia para Adriana y otras mujeres víctimas de violencia machista, misógina y política, pues todas tienen derecho y la capacidad de desempeñarse en espacios públicos o privados en condiciones libres de violencia de género, política, sexual o psicológica”.
Este tipo de violencia debe atenderse bajo lineamientos y normativa nacional, internacional y comunitario, agrega la defensa.
Después de las denuncias, abogadas y la víctima fueron objeto de actos intimidatorios y hostigamiento como violencia digital y burlas, por haber “tocado” al beneficiario del nepotismo del titular del INPI.
La lingüista Ayuujk, Yásnaya Gil, escribió “No es un caso aislado, no, ya antes Martha Aracely Cruz acusó a Donato Vargas, (funcionario estatal) de violencia sexual y de género, un año antes otras mujeres denunciaron el Chat Sierra XXX en donde estos políticos regionales pedían subir fotos de mujeres indígenas para hablar de sus cuerpos”.
La activista pregunta: “¿Cómo vamos a denunciar racismo cuando ustedes usan los mismos mecanismos que usó la colonización para violentarnos a nosotras? ¿Cómo vamos a luchar por la autonomía de nuestros territorios y los derechos de los pueblos indígenas si no respetan en lo mínimo los cuerpos-territorios de sus compañeras de lucha?”
Frente a las denuncias de Consorcio Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Abogadas Indígenas y otras, Adelfo Regino aclaró haber respondido “legalmente ante la instancia correspondiente, ya que en dicha institución no se tolerará la violencia de género y, en particular, las conductas de acoso sexual contra todas las mujeres y en especial contra las mujeres indígenas”. Además, de que quien los comete debe asumir responsabilidades y consecuencias ante la ley.
Según sus dichos, la denuncia correspondiente existe ante el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública en el INPI, a fin de que se lleve a cabo la investigación en todos sus términos y, con ello, se deslinden las responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan. Además de haber “convocado al comité de ética y de prevención de conflictos de intereses de la institución, a fin de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción…”.
El INPI -atajó- no encubrirá a ninguna persona involucrada en los hechos y, en todo momento, colaborará con la Fiscalía General del estado de Oaxaca para las indagatorias, “ejerciendo las acciones penales que procedan, poniendo a su disposición toda la información de que dispone, sin reserva alguna, a fin de lograr el cabal respeto a los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas”.
Hasta aquí el lavatorio de manos. Ahora falta asegurarse de que no exista encubrimiento oficial y político por parte de ninguna instancia gubernamental.
Lo sucedido en el INPI confronta la agenda de género que va a enarbolar Claudia Sheinbaum, porque en Oaxaca el pacto machista y patriarcal -que implica protección e impunidad a violentadores de mujeres- parece estar fortaleciéndose. Quisiera equivocarme.
@ernestoreyes14
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