Ciudad de México, 21 de febrero.– Genaro García Luna fue encontrado culpable de colaborar con los cárteles de la droga mientras era el Secretario de Seguridad Pública del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, determinó este martes el jurado de 12 personas que deliberó desde el jueves pasado y que encontró la evidencia suficiente para responsabilizar al “súper policía” mexicano de los cinco cargos que pesaban en su contra.
“Genaro García Luna es culpable de TODOS los cargos por narcotráfico y mentir a autoridades migratorias. Sentencia el 27 de junio a las 11:00 am”, informó Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles.
Posteriormente, desde la cuenta oficial de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, se corroboró el fallo: “El veredicto es: Genaro García Luna es culpable de todos los cargos”.
Será el próximo 27 de junio a las 11:00 a.m. del Este cuando el Juez Brian Cogan rinda la sentencia, que podría ser de 20 años a cadena perpetua por cada cargo relacionado con el narcotráfico, más los cinco años como máximo por mentir a las autoridades migratorias en su proceso de naturalización.
Apenas una media hora antes de alcanzar su veredicto, el jurado había pedido revisar la evidencia del testimonio de Jesús “El Rey” Zambada García y de un agente de la Guardia Costera sobre el decomiso de droga en un semi sumergible cerca de las costas de Panamá.
El Juez Cogan leyó los cargos uno a uno y la decisión del jurado, que en todos definió como “culpable” al exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, pero que era investigado desde que fue director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la administración de Vicente Fox.
El cargo más importante es el uno: dirigir una organización criminal durante un largo periodo, ya que para determinar esa acusación, el jurado debió hallar culpable a García Luna de tres cargos por conspiración para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos.
El quinto cargo fue por mentir a las autoridades migratorias, debido a que el exfuncionario mexicano sabía que podía ser investigado por un crimen de alto impacto, además de incumplir con los requisitos de permanencia en los Estados Unidos durante su proceso de naturalización.
El Juez Cogan felicitó al jurado y destacó que pocos países tienen procesos similares al estadounidense.
“Pocos países dejan esta decisión a un jurado, nosotros lo hacemos porque confiamos en ustedes”, dijo el Juez Cogan, quien agregó que este tipo de proceso beneficia al sistema de justicia y a la propia democracia del país.
Este caso tuvo como eje la evidencia proporcionada por los testigos cooperantes, además de agentes de la DEA, el FBI y la Guardia Costera, así como expolicías federales mexicanos.
La defensa, liderada por César de Castro, acusó desde antes de iniciar el juicio que no había pruebas físicas contra su cliente, en referencia a videos, audios o documentos, pero el Juez Cogan indicó al jurado que los testimonios de todos los testigos, incluidos cooperantes –todos criminales convictos o en espera de sentencia– eran evidencia acumulable para este proceso.
LA FAMILIA ESTÁ CONMOCIONADA
El jurado tardó unas 16 horas en tomar su decisión, tiempo durante el cual Cristina Pereyra, esposa de García Luna, así como su hija Luna, esperaron en la Corte, pero este martes también llegó su hijo Genaro.
Al momento de leer la decisión del jurado, la madre y la hija se sostenían fuertemente las manos, mientras el hijo miraba de frente, hacia el Juez, intentando contenerse. La única en llorar en ese momento fue la hija, pero los tres estaban conmocionados.
Genaro García Luna no mostró su rostro, se mantuvo viendo todo el tiempo al Juez Cogan y tan pronto terminó la audiencia fue sacado sin mirar a su familia.
Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de la Corte federal de Nueva York deliberó tres días antes de llegar a un veredicto en el caso de narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública.
Genaro García Luna es el funcionario mexicano actual o anterior de más alto rango en ser juzgado en los Estados Unidos.
García Luna, quien negó las acusaciones, dirigió la Policía Federal de México y luego fue su principal funcionario de seguridad pública de 2006 a 2012. Sus abogados dijeron que los cargos se basaron en mentiras de delincuentes que querían castigar sus esfuerzos en la lucha contra las drogas y obtener una reducción de la sentencia por sí mismos ayudando a los fiscales.
El caso tuvo ramificaciones políticas en ambos lados de la frontera. El testimonio transmitió una afirmación de segunda mano de que el expresidente mexicano Felipe Calderón trató de proteger al notorio capo del cártel de la cocaína de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, contra un importante rival; Calderón calificó la acusación de “absurda” y “mentira absoluta”.
Los señalamientos de los vínculos del exsecretario de Seguridad con el crimen organizado han sido un tema recurrente en México desde antes de que García Luna fuera detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019. Militares, policías y hasta la Iglesia alertaron sobre esta situación al Presidente Felipe Calderón, quien siempre ha *rechazado* haber sospechado de esta situación y quien a lo largo del juicio se mantuvo al margen hasta que fue salpicado durante el testimonio del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien dijo haber escuchado sobre una reunión en la que Calderón pidió proteger al Cártel de Sinaloa, algo que él negó.
El veredicto de este día comprueba así lo que por años se le dijo al Presidente Calderón sobre su mano derecha en la guerra que declaró al crimen organizado en diciembre de 2006.
A lo largo de su gestión, el exmandatario respaldó, reconoció y presumió la labor de García Luna al frente de la Policía Federal, a la que calificó como “un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad”, aún cuando su jefe máximo siempre fue señalado de tener vínculos con el crimen organizado, una acusación por la que fue encontrado culpable este xx en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
García Luna fue un servidor público que inició su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Después lideró la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) desde donde se catapultó a la Secretaría de Seguridad Pública. En esta posición relegó a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico y tuvo bajo su poder a medios y a las principales agencias de seguridad. Además amasó una fortuna que al menos en México está bajo investigación y que su esposa ha señalado que fue construida con sus ingresos como funcionario, con pequeños negocios y créditos bancarios.
La Fiscalía construyó el caso en contra de García Luna a partir de los testimonios de líderes criminales como Sergio Villarreal, “El Grande”; Oscar Nava Valencia “El Lobo”, y Jesús “El Rey” Zambada, quienes pese a no haber mantenido contacto en años coincidieron en su relato sobre cómo encuentros clandestinos en los que aseguran haber visto al Secretario de Seguridad, los millones de dólares que le pagaron en sobornos y la manera en la que, a cambio, tuvieron su ayuda para traficar drogas.
“Créanles, son los únicos que pueden señalar a los policías corruptos que los ayudaron”, expuso la Fiscal Saritha Komatireddy el miércoles pasado. En esa misma idea ahondó la Fiscal Erin Reid al explicar al jurado que les hubiera encantado llamar a declarar a personajes como maestros en el juicio, “pero los maestros de escuela no encabezan organizaciones criminales”.
En el primer testimonio que se escuchó en la Corte, “El Grande”, colaborador de los Beltrán Leyva, colocó a García Luna en reuniones de los grandes capos de la droga y aseguró que recibió sobornos de Arturo Beltrán Leyva desde que era director de la AFI, algo que también afirmó “El Rey” Zambada, el último cooperante en hablar, quien reconoció haber pagado 5 millones de dólares a García Luna, uno en el Gobierno de Vicente Fox y otro en el de Felipe Calderón. También confirmó la relación que el exjefe policial sostuvo con Arturo Beltrán Leyva y habló sobre cómo el cártel tenía en su bolsa a agentes de la Policía Federal. “El Lobo” —del Cártel del Milenio— también corroboró el pago de sobornos, en su caso por 10 millones de dólares, pero sobre todo indicó que se les filtraba información.
DE ESPÍA, A “SÚPER POLICÍA”… A ACUSADO
“Yo no me identifico como policía; soy técnico. Soy gente de inteligencia”, respondió Genaro García Luna a Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán, cuando ambos académicos y expertos en seguridad lo entrevistaron para el libro Las Cinco Vidas de Genaro García Luna.
Desde que Genaro García Luna inició su carrera en las corporaciones de seguridad mexicanas dentro del Cisen y como analista, en el año 1993, su trayectoria fue ascendente hasta que concluyó su cargo en diciembre de 2012 como Secretario de Seguridad Pública.
Los deseos de García Luna por ser un espía se remontan desde su niñez, según lo retratan Francisco Cruz Jiménez y Olga Wornat, respectivamente, en sus libros El señor de la Muerte y Felipe, el oscuro. Ambos revelan en sus investigaciones que cuando el exsecretario era pequeño y vivía en la colonia Romero Rubio de la Ciudad de México lo apodaban “El Maldito” o “El Chango”.
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Foto: Cuartoscuro.
Además lo describen como un hombre vengativo y “sin escrúpulos” para deshacerse de quien le estorbara, cuyos nexos con la delincuencia se remontan desde su adolescencia.
Francisco Cruz señala en su libro que exagentes de inteligencia le contaron que García Luna quería ser el “símil” en México de John Edgar Hoover, el director del FBI que chantajeó a presidentes estadounidenses para permanecer en el cargo.
Cruz expone además que al estar en el Cisen, García Luna tuvo acceso a todas las fichas de criminales de las cuales se valió para crecer al interior de la corporación. Precisamente, Genaro comenzó a destacar en esta agencia de inteligencia por su seguimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y como profesional de inteligencia formó parte de lo que se denominó el grupo antiterrorista del Cisen, de acuerdo con Guadalupe Correa y Antonio Payán.
Fue el 1 de septiembre de 2001, cuando el entonces Presidente Vicente Fox anunció la creación de la AFI. Al frente de esta agencia colocó a Genaro García Luna con el objetivo de desmantelar a la Policía Judicial Federal y a la Policía de Caminos, ya marcadas por prácticas corruptas. “A partir de entonces comienza a desarrollar un poder que ejerció con absoluta impunidad durante 12 años de panismo”, destacó la periodista y escritora argentina Olga Wornat en el libro Felipe, el oscuro.
Ya en el año 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. “García Luna se fue haciendo de supuestos buenos resultados que parecía haber dado en las diferentes administraciones, particularmente en la administración de Vicente Fox y después, Felipe Calderón pues tenía buenas referencias de él, no se conocían en realidad porque no habían trabajado juntos, no se conocían hasta que Calderón entra como Presidente”, comentó la académica Guadalupe Correa-Cabrera en entrevista con la periodista Romina Gándara en enero pasado.
Es en su paso por este sexenio en el que se concentran los señalamientos por los que fue encontrado culpable este día en Nueva York. Esas mismas denuncias existieron en el Gobierno de Calderón. Dos de quienes expusieron esto, el General Tomás Ángeles Dauahare y Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, fueron arrestados con cargos inventados, como ellos mismos han denunciado. García Luna continuó hasta el final de ese sexenio al frente de la estrategia de seguridad.
LAS ACUSACIONES EN MÉXICO
El pasado 9 de febrero, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso cómo García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”. Señaló que contratos con diversos órganos de seguridad pública en México por un monto de 745.9 millones de dólares, recursos que buscan recuperarse por medio de una demanda interpuesta ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida, en donde el exsecretario de Seguridad mexicano residía.
Pablo Gómez Álvarez también destacó la existencia de muebles con un valor de 21 millones 725 mil 419, los cuales “fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”.
Días antes, el 29 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de García Luna. Una de ellas por el fallido operativo “Rápido y Furioso”, con el cual se introdujeron armas desde Estados Unidos para rastrear a delincuentes, algo que no ocurrió, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que en cambio sirvió para armar a los grupos criminales; la otra por en relación al Caso Ceferesos, referente a la adjudicación directa de contratos a empresas con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de ocho penales federales.
La FGR anunció que “también existen otras dos investigaciones en México que se encuentran en curso, y una solicitud de aprehensión más que ya ha sido informada en su momento, que se halla en trámite”. De igual forma dio a conocer que las gestiones ante la SRE y ante las autoridades americanas para obtener la extradición del exfuncionario federal, se siguen llevando a cabo dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes.
-Con información de Romina Gándara, Obed Rosas, Jesús García, SinEmbargo y AP
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