Después de 7 horas de discusión y entre advertencias de que será impugnado, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y particular la segunda parte del “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras el aval, el dictamen fue enviado a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
Aunque la discusión era sobre las reformas a tres leyes secundarias y la expedición de una nueva, los morenistas aprovecharon para hablar del sobre el veredicto de la Corte de Brooklyn que declaró culpable de narcotráfico a Genero García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; a su vez, los legisladores de oposición llamaron a participar en la manifestación del próximo domingo a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Juntas las oposiciones en el bloque de contención vamos a acudir a la Suprema Corte para impugnar este retroceso, vamos a defender con argumentos los principios democráticos en el tribunal constitucional (…) También vamos a salir a las calles el próximo domingo con la sociedad civil, con la ciudadanía para defender nuestra democracia (…) Sí voy a marchar el domingo, nos van a ver en el Zócalo, nos veremos en la Corte y nos veremos en las urnas”, dijo la priista Claudia Ruiz-Massieu.
Estas reformas fueron avaladas por la Cámara de Diputados el pasado 16 de diciembre y fueron enviadas al Senado con una modificación: la eliminación de la llamada “clausula de vida eterna”, la cual permitía que los partidos políticos que tuvieran una candidatura común se distribuyeran votos.
En la discusión y desde comisiones, los senadores de Morena y aliados decidieron sacar de la votación dicha cláusula, la cual fue impulsada por el PVEM y causó mucha controversia.
Con ese movimiento, los legisladores no votaron para se eliminará la propuesta, solo la hicieron a un lado, por lo que, según la oposición, en cualquier momento se podría volver a discutir.
Las reformas aprobadas con 72 votos a favor y 50 en contra modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Si bien éstas no suplen al INE por otro organismo como proponían en la reforma constitucional de López Obrador, sí modifican su estructura orgánica, lo que expertos en materia electoral y los consejeros de este órgano autónomo han considerado como peligroso para la organización de los procesos electorales y como un debilitamiento del Instituto.
Las reformas modifican la integración del INE al desaparecer la estructura permanente subdelegacional y reducir el Servicio Profesional Electoral. Esto implicará, según cifras de este órgano electoral, despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera.
También establecen la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, así como la eliminación de fideicomisos y la destitución del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien es cercano al consejero presidente Lorenzo Córdova.
Además con estos cambios a las leyes secundarias se establece que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.
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