Coahuila, 19 de marzo.– A 12 años del asesinato masivo, el Estado mexicano no ha dado grandes avances en lo que concierne a reparación, justicia e identificación de las víctimas que fueron asesinadas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en la conocida como “Masacre de Allende”, al norte de Coahuila.
Este es uno de los hechos que fueron parte de la cúspide de la violencia que llegó a la entidad con el asentamiento de Los Zetas, del cual se han derivado sentencias de hasta 174 años de prisión para una mujer que se desempeñaba como policía en Allende.
La historia, ha sido contada en reportajes internacionales e incluso, la plataforma Netflix proyectó una serie llamada “Somos”, sobre aquellos hechos por los que algunas familias habitantes de la región se vieron desplazadas de manera forzada.
El correr de sangre inició la tarde del viernes 18 de marzo de 2011 en un ambiente que ya de por sí se respiraba violento tras una ola de homicidios en toda la Región Norte de Coahuila. Según los testimonios, ese día particularmente “el pueblo estaba completamente solo; se sentía un ambiente tenso”.
Al pueblo ingresó un grupo de camionetas que puso en alerta a los pocos habitantes de Allende. En los cajones de estas camionetas tipo pick-up, llevaban lo que posiblemente serían no solo elementos del cártel, sino gente condenada en la prisión de Piedras Negras, quienes abrieron fuego y fueron por las personas que se encontraban en las viviendas.
Las víctimas entre quienes había habitantes del pueblo que estaban transitando, empleadas domésticas y familiares de presuntos miembros del cártel, así como “halcones”, y elementos de seguridad, fueron víctimas de un supuesto “ajuste de cuentas”, según lo que se dice en las declaraciones judiciales.
Esta historia data de 2008, cuando Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y José Luis Garza Gaytán habían empezado a trabajar para el cártel de Los Zetas en la zona y el rancho “Los Garza”, era su punto; una propiedad más de tierra que se ubicaba entre la conexión de Allende y el poblado de Villa Unión.
A través de las carreteras, estas tres personas realizaban el trasiego internacional de droga, pero a la par recopilando toda la información de los líderes del cártel.
La ruptura de los tres sujetos con el cártel que dirigían en la plaza fronteriza Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales el “Z-40” y el “Z-42” en 2011, se debió a una supuesta filtración sobre los manejos de “la plaza” que Héctor inicialmente habría realizado a la DEA.
Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y Garza Gaytán, habían huido a Estados Unidos con una cantidad de entre cinco y 10 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, así como con los números contables del cartel, como lo menciona el expediente 168/2014 en poder de la Fiscalía.
En particular, Héctor Moreno en un testimonio en la corte de Estados Unidos, reveló que cuando se fueron, empezó el fuego abierto, y que las autoridades tenían la orden de no levantar ninguna denuncia ni alertar a los pobladores que se fueran.
Años después, los testimonios que recogió la Fiscalía de Coahuila terminaron por narran la historia de terror en la que se vieron involucrados un buen número de policías municipales, entre quienes están algunos que hoy se encuentran en prisión, según reveló José Ángel Herrera, el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, quien ha llevado el caso.
Entre la información, se ha recopilado que el Servicio Estatal de Llamadas de Emergencia del 911 recibió al menos 64 reportes de incendios entre Piedras Negras, Villa Unión y Allende, mismos que los bomberos no podían atender debido a las amenazas.
Entre las personas que los amenazaban para no sofocar el fuego, los elementos de bomberos reconocieron a Policías de Allende, quienes junto con miembros del cártel eran quienes ingresaban a la gente secuestrada al Rancho Los Garza.
En los propios testimonios de las policías, se da cuenta de cómo las personas fueron ingresadas al rancho Los Garza cuya bodega fue quemada con cuerpos en el interior, niños, niñas, mujeres y otros adultos.
En una declaración ministerial con fecha del 25 de febrero de 2015, donde se revela la desaparición de siete familias completas durante ese fin de semana, uno de los expolicías de Allende narra la amenaza que recibió por parte de la Dirección de Seguridad Municipal para trabajar con el cártel, así como los pagos que recibió y las detenciones que realizó bajo amenaza de muerte.
“Me dijo (por teléfono), que lo trajera, yo le dije que esos trabajos yo no los hacía, y ella me dijo que me podía ir muy mal con los jefes. La esposa del preventivo se fue en su mueble a otro lugar (…), la (nombre oculto), me dijo que la siguiéramos (…) yo le dije que no quería hacer eso (…) me dijo que si no lo hacía me iban a matar a mí por no hacer caso y que iban a desaparecer a mi familia. Al bajarme de la patrulla le dije a la señora que se moviera porque yo iba a manejar su camioneta porque me tenía que acompañar. Ella se fue en el asiento del copiloto, pero al estar en la camioneta me di cuenta que también iban dos niños menores de edad; uno que ya había visto y un bebé en un portabebé. Ella me dijo que por qué hacía eso, yo le dije que me estaban mandando o me iban a matar a mí”, narra la declaración.
Pero este no fue el único policía que colaboró con la desaparición masiva que en algún momento se dijo, podía contabilizar hasta a 300 personas.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que sobre el caso, al menos ocho personas han sido sentenciadas condenatoriamente y en la mínima de las condenas, existe una persona que pagará delitos de secuestro y delincuencia organizada con 50 años de prisión.
Pero existen otras, como María Guadalupe “N”, “La Lupe”, que pagará con 174 años de prisión por haber sido quien trasladaba a bordo de unidades de Policía a personas para que fueran ultimadas y desaparecidas en el Rancho Los Garza.
De acuerdo con José Ángel Herrera, el caso de María Guadalupe tuvo esta condena debido a la agravante que se aplicó al cómo concluyeron los hechos delictivos que la elemento desencadenó con los secuestros; es decir, que estos secuestros no quedaron solo en eso, sino que derivaron en muertes.
“Ella era la persona que privó a la gente de la libertad, pero en total son ocho los policías que estuvieron involucrados en esta situación”, explicó Herrera.
Entre algunas de las deudas contra elementos del crimen organizado, están cuatro órdenes de aprehensión que no han sido o ya no pudieron ser cumplimentadas; una que falta, dos por la desaparición de la persona, y una más por la pérdida de la vida.
Uno de los grandes temas que rodean al caso a diferencia de muchas de las desapariciones que ocurrieron en la entidad bajo el mismo contexto de violencia, es que muchos de los restos de las personas que fueron llevadas y desaparecidas en el Rancho Los Garza, sí fueron encontrados; sin embargo, la mecánica que se aplicó para su exterminio fue tal que hasta el día de hoy no hay ningún reconocimiento.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre enero y abril de 2014, la Fiscalía Especializada que dirige José Ángel Herrera, recolectó después de un operativo la evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.
“Hasta ahora no hemos podido reconocer a ninguna de las personas. Los dictámenes dicen que los restos que nosotros encontramos, fueron incinerados a más de mil grados de temperatura, por lo que eso generó que el material genético fuera dañado al grado que con la tecnología que tenemos hasta ahora sea casi imposible de recuperar”, dice José Ángel Herrera.
“Estos restos ya están en el Centro Regional de Identificación Humana, quienes ya están iniciando a conformar el núcleo familiar. Además, ya se está trabajando con otras técnicas con las que se pretende llegar a la identificación”, aseveró.
Otra de las deudas que hasta ahora no se han resuelto, es un censo de las personas que fueron desplazadas o que en vistas de la alta violencia que se padecía en la región, decidieron dejar sus domicilios.
Esta fue una petición expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para ello, dicha Comisión había dado a las autoridades un total de seis meses para que esta petición se resolviera, pero hasta ahora, solo quedan testimonios antiguos y señalamientos de aquellas familias que habitaban tranquilamente y cuya paz un día fue interrumpida justo en la cúspide de “la guerra contra el narco”.
Con información de Vanguardia
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